Diciembre 2018.- Con mucha satisfacción hemos recibido la iniciativa de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) de conformar una mesa de trabajo con la industria, para abordar la gestión del riesgo de los incidentes que involucran redes de gas y eléctricas enterradas.

Hemos visto cómo SEC ha planteado un plan de acción preliminar que incluye:

1° Desarrollo de un PEIRS (Plan de Evaluación de Integridad de Redes Subterráneas): recopilación de información, análisis de riesgo y plan de acción. 2° Desarrollo de un Protocolo de Coordinación para Excavaciones.

Respecto del PEIRS, es muy importante distinguir entre amenazas y consecuencias, y quiénes son los llamados a administrar esa parte del riesgo. En este sentido, un árbol de falla es muy útil para identificar la secuencia de eventos y sus gatillantes.

Claramente, la amenaza para las redes de gas corresponde a la falla de conductores eléctricos que no se han instalado en ductos. Entonces las preguntas iniciales que uno se hace son: ¿Dónde están? ¿Por qué fallan? ¿Cuál es su estado de integridad (probabilidad de falla)? ¿Cuál es su vida útil? ¿Están en zonas de redes de gas? ¿Qué tan cerca están?

Como se puede apreciar, casi todas estas preguntas deben ser respondidas por los Distribuidores Eléctricos, en base a su información de las redes, incluyendo aquella referente a las inspecciones. Luego, corresponderá hacer las evaluaciones de riesgo y tomar acciones.

Sin embargo, no hay que olvidar que en 2007, el accidente de la Calle Serrano ─un evento similar a los presentados por SEC, pero de mayores consecuencias─, activó un plan de acción por parte del Distribuidor Eléctrico local. ¿Qué hizo? ¿Por qué? ¿Ha habido incidentes semejantes posteriores? A estas preguntas habría que agregar la forma en que se ha actuado en eventos similares ocurridos en otros países… Evidencia hay.

Por otra parte, es muy interesante la propuesta de un Protocolo de Coordinación para Intervención de Redes Subterráneas. Pero, ¿quién debe ser el sponsor del proyecto? ¿Solo participan las empresas de gas y electricidad? ¿Por qué se excluye a las empresas de servicios sanitarios y comunicaciones? ¿Por qué se excluye a los mandantes institucionales, como SERVIU y Municipalidades?

Es claro ─y así está demostrado por la experiencia internacional─ que debe existir un Organismo Regulador que se haga cargo del Protocolo de Intervención, incluyendo la responsabilidad de establecer sanciones y aplicarlas. ¿Cuál debe ser ese organismo? ¿Qué se ha hecho en la V Región, donde el Protocolo lleva más de 10 años de operación? ¿Qué rol deberían jugar las Municipalidades, que otorgan los permisos de ocupación de BNUP (Bienes Nacionales de Uso Público)? ¿Qué vicios se han detectado? ¿Qué oportunidades de mejorar existen? ¿Cómo se incluyen las buenas prácticas de Llame Antes de Excavar (LLAE) del extranjero? ¿Cómo el Protocolo debe involucrar a todos los actores: Mandantes y sus excavadores, empresas de servicios y su LLAE, y a la Autoridad Regulatoria y de administración del Protocolo?

En síntesis, muchas preguntas que deben ser analizadas y respondidas lo más temprano posible, en beneficio de una asignación de recursos eficiente y orientada a resolver el problema correcto.